EL GOBIERNO GARANTIZA LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nuestro Estado Colombiano propicia la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantiza a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo digno. “El Gobierno Nacional buscará los mecanismos necesarios para garantizar el goce de los derechos en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. El actual Gobierno, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordena diseñar la política pública de discapacidad, con el mandato para el Estado, de “desarrollar las acciones para la prevención, la rehabilitación y la integración de la población afectada por cualquier tipo de discapacidad, a fin de brindar oportunidad de inclusión social”. En cumplimiento de esta obligación, el Gobierno Nacional aprobó el Nuevo Conpes de discapacidad 166 de 2013, cuyo objetivo central es “Garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las Personas con Discapacidad, a través del fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”. Esta nueva política, considera que el primer paso para la inclusión efectiva de la población con discapacidad, es reconocerles su titularidad de derechos, que obligan al Estado a garantizar su ejercicio, cambiando la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a exigir prestaciones y conductas en un marco de deberes y de corresponsabilidad. En este desarrollo legal, el Gobierno aprobó la Ley 1680 de 2013, garantizando el acceso a la información de todas las personas invidentes del país, permitiendo el uso gratuito de un software adquirido por el Estado colombiano, con el fin de garantizar el derecho al trabajo de esta población, a la vez, que le ofrece a los empleadores una herramienta informática, que permite el rendimiento laboral de estas personas en su puesto de trabajo. En este sentido, la Ley 361 de 1997 creó mecanismos para integrar a las personas con discapacidad, entre ellas una serie de estímulos tributarios y ventajas competitivas para quienes vinculen mediante contrato de trabajo: 1. Deducción en la renta El empleador que contrate personal con discapacidad y que esté obligado a presentar declaración de renta y complementarios, tiene derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con discapacidad, mientras esta vinculación laboral subsista;

2. Menor cuota de aprendices El empleador que esté obligado a cumplir una cuota de aprendices, reducirá en un 50% la cantidad de aprendices que debe vincular, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.

3. Ventajas para la empresa en Licitaciones Públicas La persona o empresa que contrate personal con discapacidad será preferido en igualdad de condiciones en procesos de contratación estatal por licitación pública, si la nómina cuenta con mínimo el 10 % de empleados con discapacidad. 4. Créditos con entidades estatales Prelación en el otorgamiento de créditos, subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con discapacidad. 5. Preferencia de sus productos adquiridos por el Estado Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad de condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas por las personas con discapacidad. 6. Ley de cuotas La Ley 1618 de 2013, consagra la obligación de establecer un porcentaje de cargos públicos asignados para personas con discapacidad, porcentaje que el actual Gobierno está reglamentando.

De esta manera, el Gobierno Nacional, espera que con estos esfuerzos institucionales y legales, pueda avanzar significativamente en el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, cumpliendo con el propósito del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”, incluida esta población, pues se busca un modelo de desarrollo inclusivo, que jalone todos los sectores sociales del país, en especial los grupos de especial protección constitucional.

Por todo lo anteriormente expuesto el Instituto Nacional para Ciegos INCI, celebra el lanzamiento de la licencia PAÍS, entendiendo que este esfuerzo gubernamental contribuirá con toda seguridad a la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual, teniendo los empleadores una maravillosa herramienta de inclusión socio-laboral.